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Página dedicada integramente al ciberbullying, explicando de que se trata, aconsejando tanto a hijos como a padres sobre como identificarlo y muchos casos realcionados con este tipo de delitos.

Esta es una web que informa a los internautas acerca de como enfrentarse a los tipos de delitos que existen en la actualidad. Dentro del apartado de ciberacoso encontramos el análisis jurídico del ciberbullying, que se divide en 4 tipos de delitos.

El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al ámbito que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a los demás por pertenecer a su esfera más privada (SSTC 151/1997, de 29 de septiembre), vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE).

Breve articulo extraído del Periódico digital 20 minutos en el que se argumenta la necesidad de que las Redes Sociales e Internet adapten la legislación vigente puesto que, actualment, no recoge las nuevas situacions que se dan en el entorno virtual.

Añado el Código Penal en búsqueda del Boletín Oficial del Estado para compartir los artículos referencia de la utilización de material de pornografía infantil, esto son el art.186 y el art.189 entre otros.

Artículo desde el punto de vista psicológico sobre el ciberbullying, encontrado tras búsqueda en los recursos virtuales de la biblioteca UOC. Está realizado por Jose María Avilés Martínez y en la web de la búsqueda encontramos un resumen y un enlace para el texto completo.

El título III, regula el recurso de amparo constitucional y, en concreto, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 de la Constitución. La garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas está encomendada, en primer lugar, a Jueces y Tribunales integrados en el Poder Judicial, a través de las vías y remedios que ofrecen las leyes procesales; si bien la Constitución ha establecido un sistema específico y último de tutela de tales derechos, el recurso de amparo constitucional, que ha residenciado en el Tribunal Constitucional. De esta manera, el Tribunal, se configura como órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales y, por ende, último garante de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución. Su conocimiento corresponde en principio a las Salas, que pueden deferirlo a las Secciones. El Pleno conoce de los que le sean elevados por las Salas para un eventual cambio de doctrina y de aquéllos que recabe expresamente para sí.

El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

Artículo de El País de abril de 2014 en referencia a la nueva Ley de Protección del Menor, que modifica algunos aspectos que el Consejo de Europa encargó a los paises de la Unión.

El Servicio Jurídico de la Agencia de Protección de Datos evacúa un informe relativo al tratamiento de los datos de las cámaras de videovigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, dispone en su artículo primero que "La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública."

Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 17 de enero de 1996.

El recurso de amparo interpuesto se fundamenta en la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar, por la publicación del reportaje sobre el hogar y la vida en familia de una persona con notoriedad pública, con datos proporcionados por una antigua niñera vulnerando su deber de secreto profesional, que carecen de relevancia pública y cuya veracidad y entidad resultan intrascendentes.

La intimidad, de acuerdo con el propio precepto constitucional, se reconoce no sólo al individuo aisladamente considerado, sino también al núcleo familiar.

El derecho a un núcleo inaccesible de intimidad se reconoce incluso a las personas más expuestas al público (STC 134/1999, de 15 de julio).