Group items tagged

- Florida (29) moves from "lean Democratic" to "battleground"

Nevada (6) moves from "lean Democratic" to "battleground"

Florida's 29 electoral votes are the biggest prize on the map among competitive states and both campaigns plan to fight it out there all the way through November 8

Florida is also one of the handful of states where the Clinton campaign remains heavily on the air with campaign advertising and where it announced today that two closing argument ads will begin to be seen across the state

expected back in the Silver State

Trump continues to shore up his Republican support and improve his standing among Hispanics

Clinton at 272 electoral votes

179 electoral votes from the states either solidly or leaning in his direction

87 electoral votes currently up for grabs

A eso se suma un factor importante: su caudillo y parte de la dirigencia del proyecto masista, vienen de la marginalidad social (a diferencia de los conductores políticos de la revolución nacional del 52 que eran parte de una clase media intelectual), que se han abierto a empellones un espacio político y no entienden otro modo de hacer política que no sea confrontando y doblegando al adversario.

le preguntó a Evo Morales por qué confrontaba tanto, la repuesta de Evo fue categórica: “mira dónde he llegado confrontando”.     La hegemonía y la confrontación son parte de la esencia y están en medula espinal del masismo.

El MAS se identifica mejor con la postulación de Abimael Guzmán de que “al margen del poder todo es ilusión” O con el planteamiento de Carlos Mariátegui que afirma: “La primera tarea del revolucionario es tomar el poder, la segunda, no dejarlo jamás”:

El MNR después del triunfo de la revolución del 9 de abril fue implacable con sus detractores, no dudó en crear campos de concentración y violar derechos humanos. Paz Estenssoro hizo suyo aquel dicho popular que dice: “que para hacer una torta hay que romper muchos huevos” y no le tembló la mano a la hora de ser duro.

Lo propio ocurre el año 2006 cuando el MAS captura el poder. Solo podía instalar el “proceso de cambio” desde la óptica del hegemonismo político y la confrontación.

La Asamblea Constituyente que motivó el cambio de la Constitución Política, la nacionalización de los hidrocarburos, el control por parte del Estado de empresas como YPFB, Entel y otras, el nacimiento del Estado Plurinacional en vez de la República, el empoderamiento de sectores indígenas, el ingreso de sectores sociales al manejo del aparato del Estado, eran imposibles de lograr si un MAS hegemónico y confrontacional.

Es cierto que lo hegemónico y confrontacional trae aparejado el abuso, el atropello, la violación a derechos humanos y otras consecuencias que van contra la esencia de la democracia occidental. Pero al MAS no le interesa eso, porque no se identifica con la democracia occidental.

En nuestro país, la revolución nacional de 1952 fue hegemónica y confrontacional. Es imposible pensar la implementación de la Nacionalización de las minas, la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, el Voto Universal y todas las medidas de la Revolución Nacional sin un partido hegemónico, como era en ese momento era el MNR y sin una confrontación abierta con todos los exponentes y defensores del Estado Minero-Feudal pre 52.

Solo el cambio de correlación de fuerzas y de realidad social y económica harán que el MAS tenga otra actitud.

Puede ceder espacios al adversario cuando éstos se someten o son funcionales. También respeta al rival cuando tiene fuerza propia, pero trabaja para debilitarlo y arrinconarlo.

Por eso causa hilaridad cuando la oposición le reclama al MAS conductas democráticas occidentales.

El MAS entrará en un escenario democrático cuando su subsistencia política dependa de ser parte de una democracia de pactos. Tal como lo entendió el MNR el año 1985 cuando supo que ya no era hegemónico y su única forma de gobernar era en con pactos y alianzas. Igual ocurrió con Banzer que entendió que en democracia no podía gobernar sin acuerdos políticos, como lo hizo cuando fue dictador y su poder se basaba en las bayonetas.

desde caída de Evo Morales y del retorno al poder de del MAS de la mano de Luis Arce y David Choquehuanca sea han y se están desarrollando una serie de contradicciones dentro del bloque nacional-popular.

La primera constatación que el triunfo de Arce y Choquehuanca establece es que el bloque nacional popular distingue claramente lo que es el denominado “proceso de cambio” y el rol dentro el mismo de Evo Morales.

Está claro que para la mayoría de las bases de lo nacional- popular el proceso de cambio se encuentra encima de Evo Morales.

En todo caso, las fricciones, divisiones o desgajes del bloque nacional –popular no van a reforzar a tiendas políticas que estén en una visión “neoliberal” o forman parte de lo que las bases populares denominen la derecha. Se quedan dentro la narrativa popular- nacional y dentro el movimiento del “proceso de cambio.”

Durante la campaña electoral presidencial es donde se consolida el hecho de que MAS puede hacer política y ganar sin Evo La campaña también sirve para la irrupción de lideratos como Eva Copa, Choquehuanca, Andrónico y el propio Lucho Arce.

Ya en los últimos años del gobierno de Evo se desataron fuertes críticas al entorno del entonces presidente y a la forma vertical del manejo del instrumento político que hacía Morales.

A esto se suma, el rechazo que tiene en la actualidad la figura de Evo Morales en sectores de clase media, no solo en el sector profesional o en sus capas altas, sino en gente de clase media que sigue viendo con simpatía y es querendona del “proceso de cambio”. Y que reconoce que el mismo obtuvo resultados positivos para el país.

La elección subnacional confirmó el rechazo a Evo sobre todo en la mayoría de las ciudades capitales. La cosa se agrava cuando fuerzas políticas como Jallalla y MTS son los verdugos electorales del MAS, derrotándolo en lugares importantes y estratégicos.

Este cuadro interno del bloque de la Nacional- Popular, en concordancia con el resultado electoral de las últimas elecciones de gobernaciones y alcaldías han motivado que el masismo se lance a ejecutar y tomar la iniciativa bajo la siguiente estrategia: Introdujo en el ajedrez político el tema de convalidar la tesis del “golpe de Estado” para desarrollar los siguientes puntos:

a) El enemigo común

La explicación es muy simple, a todos los adscritos a la narrativa nacional-popular les conviene que se aniquile o cuando menos se arrincone a la oposición que dice representar “la modernidad y el neoliberalismo” para que la definición política y sobre todo el futuro de la misma se desarrolle dentro sus filas.

Una vez conseguido el objetivo de lograr la unidad contra el enemigo común se produce el segundo paso:

b) El escarmiento, la amenaza y el aislamiento

nmediatamente el MAS comienza con el escarmiento, metiendo a la cárcel a la ex presidenta, a sus ministros, a militares y policías. Se trata de una medida de fuerza donde el partido de gobierno demuestra no tener piedad con sus adversarios. Con la detención de la ex presidenta y sus colaboradores se busca demostrar la ilegitimidad e ilegalidad del régimen de Jeanine Añez, pero ante todo establecer que es un acto de “justicia” y reivindicación con la ciudad de El Alto por los hechos de Senkata, que quiere transmitir el mensaje que ya nadie podrá atacar impunemente a los habitantes de la principal ciudad Aymara del país, porque ellos son los únicos dueños de su territorio.

Sobre estos dos movimientos de ajedrez que el MAS realizó: el primero la táctica del enemigo a común y segundo la política del escarmiento, la amenaza y el aislamiento, el MAS trabaja la posibilidad de tres desemboques que son los siguientes:

La amenaza es contra los demás jefes políticos que tienen que saber que sobre ellos está la espada de Damocles, que en cualquier momento pueden ser judicializados e ir presos.

El aislamiento es dirigido: aislar y dividir a las autoridades electas para que por su cuenta busquen salvar sus espacios de poder ya sea sometiéndose o negociando con el poder central.

Pero el aislamiento está focalizado contra Camacho para aislarlo del resto del país y debilitarlo poco a poco. Lo sugestivo es que, globalmente, estas acciones han funcionado.

Nadie se ha roto las vestiduras por el apresamiento de la ex presidenta y sus colaboradores, la indignación que causó el hecho fue muy focalizada en ciertos sectores sociales y una lluvia de tres días. Esto debido al poco peso y representatividad que tiene la expresidenta Añez en la sociedad boliviana.

Respecto a los militares presos, pasa lo mismo, ya ni siquiera en su institución generan solidaridad de cuerpo, porque hoy en la cabeza de los militares bolivianos está la preocupación de ascender al grado superior y terminar la carrera militar con una buena jubilación que defender a un camarada caído. En la policía sucede lo mismo

Es evidente que la presión internacional juega su rol, pero gobiernos de corte hegemónico y confrontacional, siempre ignoran esta presión, incluso actúan contra ella.

El apresamiento de militares y policías es el decirles a ambos que el poder civil y constitucional está encima y quien se atreva a violar tal situación, solo tendrá como destino la cárcel. Con ello se quiere desechar cualquier intento de subversión y de amotinamiento en el futuro.

1.- El retorno al poder del “comandante” Evo Morales

Se trata de una línea política de los sectores duros del Evismo, que quieren el retorno inmediato de Evo al poder porque, según ellos, fue derrocado por un “golpe de Estado” después, desde su visión, de haber “ganado” la elección del 2019. Y por lo tanto se le debería devolver el poder.

Este ha sido y es la razón primaria de imponer en el escenario político la temática del “golpe de Estado”.

Evidentemente, tal estrategia del sector duro solo podrá ser victoriosa en un escenario ya no de confrontación, sino de enfrentamiento entre bolivianos. Pero los duros del Evismo creen que ese el mejor camino porque así se adelantaría la eliminación de los adversarios del “proceso de cambio” y de Evo, asegurando el poder para el próximo decenio.

Objetivamente no hay condiciones para que esta línea política, llamada por propios y extraños la vía venezolana, pueda tener éxito. Pero a veces el fanatismo y la violencia consiguen objetivos que la racionalidad se niega admitir.

Sin embargo, hay factores subjetivos que quieren que se desarrolle la vía denominada Venezuela.

Para nadie es un secreto que la obsesión que tiene por el poder Evo Morales es casi patológica. Para él es un difícil imaginar una vida fuera de la presidencia.

Otro factor es su círculo íntimo que saben que no volverán a gozar las mieles del poder que durante 14 años disfrutaron si Evo no vuelve a la casa grande del pueblo, porque las propias bases sociales del “proceso de cambio “los ha vetado.

los cocaleros del Chapare que tienen interés políticos y económicos casados con el Evismo.

Todo eso hace que dentro el MAS haya una tendencia que quiere el inmediato retorno de su “Comandante” Evo a la casa grande del pueblo.

2.- Recomposición del cuadro político vía adelanto de elecciones. –

Otra de las estrategias que está puesta en el ajedrez político es hacer que haya un desemboque político que termine en el adelantamiento de elecciones. Hecho que, según los promotores de este planteamiento, abriría el camino del retorno de Evo Morales al poder.

La ruta a seguir para lograr tal objetivo parece muy simple y posible de lograr. Se requiere promover una cadena de renuncias en el poder ejecutivo, que comience con la renuncia del presidente, continúe con la de David Choquehuanca y termine en con la asunción de Andrónico a la presidencia, quien por constitución tendría que convocar a nuevos comicios electorales, donde Evo ya pueda candidatear.

hay aspectos más profundos que ponen trabas a esta estrategia, veamos lo más importante:

En primera instancia, no se puede asegurar que Evo sea el candidato de unidad del bloque nacional-popular. Lo más probable es que la emergencia aymara y generacional del bloque nacional-popular se exprese en una formula distinta cuya cabeza no sea Evo Morales, lo que adelantaría la competencia interna por el liderato.

Un segundo aspecto es que en las actuales condiciones una victoria electoral de Evo está en duda. Indudablemente éste es el peor momento electoral de Evo Morales, porque tiene una fuerte ruptura con sectores de la clase media. No se puede afirmar que ese quiebre de Evo con la clase media sea irreversible, pero hoy por hoy es muy fuerte.

3.- Arce, factor de equilibrio coyuntural

Una tercera posibilidad de llegada de la última arremetida política  del MAS es buscar fortalecer la actual presidencia de Luis Arce, sacándola de parsimonia y lentitud.

En esta coyuntura el MAS tendría que cerrar filas en torno al gobierno para encarar con cierta coherencia el tema económico, la pandemia y la cuestión política.

Con un bloque nacional- popular unido Luis Arce puede viabilizar en la sociedad un plan de medidas económicas para lograr la reactivación de la economía y controlar el desarrollo de la pandemia.

Pero la más importante es que, en la interna del bloque nacional-popular, el presidente Arce, en este momento, es un factor equilibrio y unidad de las diferentes visiones e intereses que tienen todas las corrientes que se encuentran disputando el liderato y la conducción de la misma.

Por ello, sin tener claros patrocinadores puede ser la tendencia que se acabe de imponer.

Pero lo que debe quedar claro es que en ningún escenario los actores de lo nacional –popular buscan acuerdo o concertación con las fuerzas que son del polo político denominado neoliberal y anti masista. Sino todos coinciden en someterlos o arrinconarlos.

El triste vía crucis de la oposición

¿En qué momento las cúpulas de los partidos que fueron actores del ciclo neoliberal entre 1895-2006 perdieron el rumbo para ser abatidos y derrotados por las masas populares que rescataban el discurso de la nacional-popular? ¿Qué les paso? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué fue lo que no entendieron?

Veamos algunos factores que explican y ayudan a comprender tal situación:

a) Perder el poder y perder la oposición

Uno de los síntomas más fuertes de la crisis del ciclo neoliberal se develó el 26 de junio del 2002, cuatro días antes de la elección presidencial, el entonces embajador de EEUU en Bolivia, Rocha, lanzó una amenaza en el Chapare, con Tuto Quiroga al lado (Tuto entonces presidente de Bolivia) advirtiendo que el mercado del gas a California estaba abierto a una Bolivia que salga del circuito coca-cocaína. En una clara intromisión, el entonces embajador norteamericano en Bolivia pedía que los bolivianos abrieran los ojos, pensaran en sus hijos y nietos y no votaran por Evo Morales, pero como sucede en estos casos el efecto fue un bumerang.

Pero lo más trágico vino después, cuando todas las tendencias políticas importantes del ciclo neoliberal entraron en bloque al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Durante el tiempo que duró el ciclo neoliberal, el sistema político controló ambos espacios y aún cuando eran parte de una misma visión “neoliberal y de modernización”, tenían percepciones y matices diferentes. Y aun cuando eran rivales políticos, en algunos casos profundamente antagónicos, crearon un mecanismo de alternancia política donde los roles se intercambian.

Entonces, se tenía la sensación de una democracia moderna y estable, con alternancia. Pero, el error de ingresar todos al último gobierno de Goni demostró que el “sistema de partidos” era tan frágil como una cáscara de huevo.

Indudablemente, no se puede negar el aporte de los lideres del ciclo “neoliberal”. Sin el coraje y la valentía de Siles Suazo, no se habría reconquistado la democracia. Sin el 21060 de Víctor Paz no se habría estabilizado la economía nacional. Sin la conversión democrática de Banzer no se habría desterrado el golpismo como opción. Sin la participación popular de Goni no se habría fortalecido el poder de los municipios. Sin los acuerdos políticos que promovió y se firmó en la presidencia de Jaime Paz no se habría afianzado la democracia boliviana. También en la gestión de Paz Zamora se encontró el pozo San Alberto, Reserva gasífera sobre la cual se ha sustentando económicamente el “proceso de cambio”.

Pero todos estos aciertos no los exime de no haber entendido lo principal: la irrupción de la Bolivia profunda, que no sólo quería inclusión social, sino ser el sujeto histórico que cumpliera su rol protagónico. Es decir, lo nacional-popular quería ser el actor de su propio destino.

Carlos escribió un libro titulado “Presidencia Sitiada”, libro donde evalúa su presidencia y narra todas las presiones que tuvo que encarar su paso por el gobierno desde diferentes frentes que hicieron de su presidencia sea una presidencia “sitiada”. Pero si alguien conspiró contra la gestión de Carlos Mesa, fue el propio Carlos Mesa. Indeciso y vacilante, nunca le dio un rumbo a su gobierno. Se negó a gobernar con la coalición parlamentaria que había armado Goni. No aprobó la ley de hidrocarburos, ni se atrevió a nacionalizar los mismos, cuando tal exigencia ya era una demanda nacional.

Lo evidente es que el gobierno de Carlos Mesa cerró el ciclo neoliberal en Bolivia. Mesa se encargó de sepultarlo y de empedrar el camino del ascenso de Evo Morales.

Pero los desaciertos continuaron. Tuto Quiroga, por decisión propia, liquidó ADN. El MNR se despedazó con la caída de Goni. En el la MIR, la cúpula máxima se negó a viabilizar la candidatura presidencial Hormando Vaca, en un momento en que Hormando Vaca era la mayor referencia política de Santa Cruz y que el dirigente cruceño se perfilaba como un factor de recambio y oxigenación del mirismo.

la persistencia de los “segundones” en la vitrina de política solo es la tranca que atrasa la conformación de una opción que, desde la visión “neoliberal moderna”, tenga posibilidad de generar una política renovada que dispute el poder. Y no es que un cambio generacional de actores políticos resuelva el tema de un día a otro, pero es el primer paso que inevitablemente se debe seguir. El país demanda la instauración de un nuevo ciclo político con nuevos protagonistas.

Jeaninne: cuando las ambiciones matan

hay responsables detrás las sombras del encarcelamiento de Añez. Son todos aquellos que aprovechando de su ingenuidad y poca formación política la utilizaron.

la presidencia Añez se perdió en su laberinto, cuando si hubiese cumplido con el objetivo para el cual fue elegida, habría tenido una gestión decorosa y salido de palacio por la puerta grande.

a la ex mandataria la mató políticamente su propia ambición.

Oposición con complejo y sin discurso ideológico-político

Pero el más grande error de la actual oposición es no haber asimilado, que el proceso cambio, fue una transformación que cambió la realidad del país y los dejó sin discurso político. Ante esta realidad les vino un complejo:

Tienen miedo decir que son neoliberales, que proponen la economía de libre mercado y que están contra el “populismo”.

No saben qué hacer ante la emergencia indígena, quechua y aymara.

No han diseñado en 14 años de Masismo una propuesta alternativa.

Lo demostraron cuando se instauró el gobierno de transición, sin saber qué hacer, solo pavimentaron el retorno del MAS.

no tienen estrategia para tomar el poder, ni siquiera para derrotar a lo que denominan autoritarismo.

Incapaces de crear una opción política solida que canalice el voto del eje anti masista, a la hora de verdad se fragmentan y optan por la vía del sálvese quien pueda, negociando cada quien por su cuenta.

La economía, la madre del cordero

Todos vuelcan los ojos sobre la economía y dicen que al estamos entrando en el periodo de las vacas flacas, que el actual gobierno ya no dispone ni dispondrá de recursos financieros para derrochar y que el país entrará en una crisis económica que será su tumba porque se sumará la crisis de salud y otros temas.

Prefiero explicarlo en términos más sencillos.

El país está en este momento en la necesidad de conseguir dinero “cash” para reactivar su economía y no comerse sus reservas En tanto consigue dinero se deberá, como en cualquier hogar, amarrarse el cinturón y tomar algunas medidas de acuerdo a una escala de prioridades, buscando cubrir el bienestar de cada uno de sus miembros.

No se puede realizar una adecuada política económica si no se consideran las variables de orden social.

Me preguntarán: ¿cómo lo hicieron antes?

La respuesta es muy simple, lo hicieron en un escenario político de reflujo del movimiento popular y por la fuerza, como lo hizo Banzer en el año 1972 que era una dictadura militar que había derrotado el 21 de agosto de 1971 al gobierno de Torres y al movimiento popular. Lo hizo Víctor Paz con el 21060, a partir de una fuerte coalición política con la ADN, movilizando al ejercito, pero sobre la derrota política y social de lo nacional-popular expresado en la UDP.

Pero hoy es diferente, hay un empoderamiento de los sectores marginados del país que ni siquiera a Evo Morales le permitieron devaluar la moneda.

Lo mismo sucede con la idea de liberarizar la economía, porque simplemente la actual Constitución ha blindado el manejo de los recursos naturales y que las empresas estratégicas sean solo de carácter estatal. Esto conspira contra la atracción libre de capitales a nuestra economía.

Esto lleva a que el actual gobierno, por su legalidad y legitimidad política, es el que tiene más posibilidades que cualquier opositor de encarar la crisis. Esto debido a que es la única fuerza política que puede lograr un consenso social y político

Lo triste de la oposición es que no solo no tiene propuesta económica, sino que carece de credibilidad en los grandes sectores sociales que opinan que no pueden conducir con éxito una crisis económica.

Por ello, jugar a la crisis económica es dar un salto al vacío. Desear que la crisis económica derroque al MAS es una estupidez, porque no sólo arrastrará al MAS, sino a toda la oposición y creará un caos nacional de imprevisibles consecuencias.

Por ello, nadie quiere que se agrave la crisis económica.

Por ello, es que todos pondrán su esfuerzo para que eso no ocurra.

De ahí que la economía es la madre del cordero que como siempre, será el escenario sobre el cual se desarrollarán las distintas estrategias políticas.

A manera de conclusión.

1.-Lo primero que observo es que la sociedad en general está demandando la conformación de un nuevo ciclo político, con nuevos actores. Este es un fenómeno común tanto dentro del campo nacional-popular (la izquierda) como al interior de quienes se afilian en el campo neoliberal moderno (derecha).

La diferencia está que en el campo nacional-popular este fenómeno se está generando desde las bases, con gran ímpetu democrático. Mientras que en la vereda del campo neoliberal y anti -masista es más el reclamo espontáneo des sus militantes y simpatizantes  Y esto tiene una explicación, el campo nacional tuvo y todavía tiene un partido político de expansión nacional, como es el MAS

Mientras que las fuerzas anti-mas nunca lograron estructurar un partido de alcance nacional. Sus expresiones políticas como sus lideratos siempre han sido regionales o expresiones de ciertos segmentos específicos.

No pudieron generar un verdadero movimiento nacional que tengan una solida expresión partidaria, esta ausencia es su gran debilidad. Por eso no es locura, ni irracionalidad que algunos miembros de esta tendencia hagan vigilia en la puerta de cuarteles y pidan que los militares tomen el poder. Es simplemente la constatación de que no confían en .Y no los ven con la suficiente fuerzas para derrotar al masismo democráticamente en una elección presidencial, y ante esa evidencia prefieren el retorno al poder de los militares.

Pero lo más grave de esta conducción, que son remanentes del viejo sistema político, aprovecharon la rebelión de las pititas y se pusieron en la ola política, instaurando y siendo parte de manera directa o indirecta del gobierno de Jeanine, hicieron tan mal cosas que de un plumazo los barrió el bloque nacional-popular. Por ello, quien más renovación política necesita es el campo “neoliberal-moderno”.

2.-La renovación requiere política, requiere la jubilación de todos los actores del viejo sistema político y esto llega también a Evo Morales.

Esta situación creará un conflicto en el campo-nacional-popular porque Evo no cederá espacio, dará pelea y buscará la forma de volver a ser la cabeza del eje nacional-popular. Pero a diferencia de coyunturas pasadas, Evo ya tiene interpelación y rivales que le quieren disputar la conducción y el liderato del proceso de cambio.

3.-Considero que, en las actuales condiciones el nuevo liderato de lo “neoliberal –moderno” debe tener las siguientes características:

A.-) Tiene que ser un liderato transversal que tenga aceptación en clases sociales y regiones

B.-) Tiene que saber a lo que se enfrenta, por ejemplo, cuando se habla de autoritarismo tiene que saber de dónde proviene y cuáles las causas de ese autoritarismo.

Desde mi punto de vista hay dos tipos de autoritarismo, el que emerge de la acción militar o golpista, a los que es fácil enfrentarlos porque tienen la ola social en contra. Y hay autoritarismos que emergen con base social y apoyo popular porque encarnan las aspiraciones de las mayorías nacionales y, generalmente, las identifican con un caudillo.

Lo que quiero significar es que para vencer el “autoritarismo “del MAS hay que vencer las causas que lo generaron.  En otras palabras, hay que derrotar el racismo, la exclusión social, el regionalismo, etc. En resumen, todo lo que la democracia de pactos no encaró y dio origen al masismo.

C.-) Tiene que tener una propuesta clara que pueda demostrar a los sectores populares afines a lo nacional-popular, que el camino del libre mercado, de la inversión privada, la concertación, la democracia de pactos etc., les dará mejores días que el camino del Estatismo.

4.- En el campo nacional –popular se está produciendo la emergencia de una línea Aymara, que quiere ponerse a la cabeza del proceso de cambio, porque cree que ha llegado su momento. Y que seguramente dará una fuerte pelea interna. Dirigentes como Eva Copa, David Choquehuanca, el propio Patzi y Santos Quispe son expresión de ello.

Muchos pueden pensar que ahí empieza un periodo de división, pero en mi criterio eso es hilar muy fino y no entender que los aymaras y quechuas se han dado cuenta que en su unidad está su fuerza y que incluso con variantes ideológicas dentro de ellos pueden gobernar el país por muchos años

Ya es muy difícil pensar, por no decir imposible, que los Aymaras y Quechuas voten para presidente por un “blanquito” clasemediero con aires de aristócrata

Pero hay algo más, los aymaras y quechuas no sólo quieren conducir el proceso de cambio y el poder, quieren tener el control territorial del país.

Y han iniciado su larga marcha, para decirlo en palabras de Mao, sobre las tierras bajas Ya tienen una gran presencia en Pando y Beni y una creciente presencia en Santa Cruz.

Se estima que el 2035 el 45% de la población boliviana vivirá en Santa Cruz y de ese 45% la mitad será colla o de ascendencia colla. Y es un proceso que parece irreversible, fruto del desarrollo antropológico y sociológico del país.

Por otro lado, desde la visión Aymara y Quechua solo cuando ellos tengan el control total de nuestro territorio se podrá construir una identidad nacional

5.- Sin embargo, todo el desarrollo del tema va e irá de modo paralelo al tema económico. La economía marcará el ritmo de la política. Regulará las marchas y contramarchas de las intenciones políticas de uno lado y del otro.

Por otro lado, los recién electos gobernadores y alcaldes están desesperadamente buscando tener relación con el gobierno para viabilizar su gestión y contar para ello con recursos económicos.

Ente sentido, resulta infantil y de poca creatividad decir que el presidente Arce es un vulgar títere de Evo, quienes han estado en los altos niveles del aparato del Estado, saben que el presidente tiene el poder del bolígrafo.

Que Evo tiene influencia en el actual gobierno es natural, es el líder y el caudillo del partido de gobierno. Pero de ahí a afirmar que tiene el mismo poder que cuando era presidente es absurdo.

Arias, Fernández, Copa, Manfred, Camacho y todas las demás autoridades electas en la subnacionales están obligadas a sentarse a negociar con el gobierno para tener recursos financieros en su gestión. Una gestión sin plata acaba en corto tiempo siendo cuestionada. Por eso, a nadie con poder local o regional le conviene que la crisis económica se agrave.

Mucho más a lideratos como el de Eva Copa o Fernando Camacho que son lideratos emergentes que desean tener proyección nacional.

Del triunfalismo al pánico

Los resultados de la última contienda electoral sub-nacional dibujarán un cuadro político interesante que todavía motiva una serie de lecturas e interpretaciones

Si bien es cierto que, con respecto a las últimas elecciones nacionales y subnacionales, en las que el MAS participó, su votación bajó considerablemente, no es menos cierto que el MAS es la primera y única fuerza política organizada con presencia nacional a lo largo y ancho del país.

Su victoria en más de 240 municipios y el hecho de que casi en todos los lugares donde hubo elecciones subnacionales si no ganó obtuvo el segundo lugar. Sumado al hecho que, aún cuando, no se comparta con sus ideas, es un partido que tiene un proyecto político, una realidad que trae como consecuencia un equilibrio en la balanza electoral.

Después de la euforia comenzó a imperar la sensatez Emergieron voces contrarias al núcleo duro antimasista. Eva Copa fue la primera en señalar que agradecía a Evo por darle la oportunidad de hacer política destacaba su adhesión a la narrativa nacional –popular y al denominado “proceso de cambio” y reiteraba que jamás pactaría con la derecha.

El propio Camacho planteó estar dispuesto a trabajar con todos en función del desarrollo de Santa Cruz y del país.

Todo estaba muy claro: la oposición reconocía el poder y la autoridad del gobierno central, a cambio que éste también reconociera y respetará los espacios de poder regional que los adversarios del MAS habían logrado a través del voto popular conseguido en las urnas.

Se podía prever, en ese contexto, que estaban sentadas las bases para generar un acuerdo político de concertación y convivencia. Acuerdo político del que estarían excluidos figuras como Doria Medina, Tuto Quiroga, Rubén Costas, Luis Revilla, Jeanine Añez y el propio Carlos Mesa no solo por su baja incidencia en la sociedad boliviana, sino porque padecen de Covid político y se encuentran en terapia intensiva entre la muerte o la sobrevivencia política.

in embargo, sorprendentemente, el MAS patea el tablero.  

De manera inesperada introduce en el escenario político el tema del “golpe de Estado” y ordena el apresamiento de ex ministros de Estado y de la ex presidenta Jeanine Añez, desatando así una artillería de procesos y acusaciones judiciales contra la oposición por conspiración y sedición, debido a su supuesta participación en el “golpe” que habría derrocado a Evo Morales. En ese momento, sectores de oposición pasan del triunfalismo al pánico.

Pero ¿por qué el MAS reaccionó así? Cabe preguntarse ¿Lo hizo por debilidad? ¿Cometió un error político? ¿Quiso mostrar su musculatura social y política? O ¿es una jugada política planificada?

Estas interrogantes trataremos de responder.

Desde nuestra óptica, el accionar del MAS tiene dos vertientes: la primera de concepción político-ideológica y la segunda de estrategia política que tiene que ver más que ver con lo que se denomina la real política

Cuando el poder se entiende como la hegemonía y la confrontación

There are worst-case scenarios, and the President’s conduct has made them less unthinkable than usual. But the chances of their coming to pass are remote. Benjamin Ginsberg, who represented the GOP candidate in the 2000 recount, cautions against hysteria. “The panic seems to me to be way overblown,” he says.

What exactly are the worst-case scenarios? They start with the absence of a clear outcome on election night. Many states will be dealing with a massive increase in mail and absentee ballots, which take longer to process than in-person votes: they have to be removed from their envelopes, flattened for tabulation and checked for signatures and other technical requirements before they can be counted.

Three states loom largest in this concern: Michigan, Wisconsin and Pennsylvania. All three are key battlegrounds that have made a rapid and politically fraught push to expand voting by mail this year.

Other quirks, like a “naked ballot”–a legitimate ballot that a voter has failed to enclose in the required security envelope–may cause further uncertainty; a Pennsylvania court ruled this year that such ballots would not be counted in that state, which Trump won by just 44,000 votes. It all could add up to a presidential race that’s too close to call for days or weeks.

Current polls do not show a particularly tight race in those states, nor nationwide. And the polls have been far more stable, with far fewer undecided voters, than they were in 2016. Faster-counting states like Florida and Arizona, which have demonstrated the ability to rapidly tabulate large volumes of mail ballots, could well decide the election, rendering any uncertainty in the Rust Belt irrelevant.

The election’s outcome is unclear after days or weeks, and Trump is muddying the waters–lobbing lawsuits, disputing the count, accusing his opponents of cheating and convincing large swaths of the electorate that something untoward is going on behind the scenes.

Even if this happens, experts stress that Trump does not have the power to circumvent the nation’s labyrinthine election procedures by tweet. Elections are administered by state and local officials in thousands of jurisdictions, most of whom are experienced professionals with records of integrity.

There are well-tested processes in place for dealing with irregularities, challenges and contests. A candidate can’t demand a recount, for example, unless the tally is within a certain margin, which varies by state.

“While people may make claims to powers and make threats about what they may or may not do, the reality is that the candidates don’t have the power to determine the outcome of the election. It’s really important that voters understand that while a lot about our system is complicated, this isn’t a free-for-all.”

There’s a legal process to get there. The oft-invoked Bush v. Gore, the Supreme Court case that resolved the 2000 standoff, was decided narrowly, specific to a particular situation in a particular place, notes Joshua Geltzer, executive director of the Institute for Constitutional Advocacy and Protection at Georgetown Law. “These things Trump is saying–toss all the ballots, end the counting–those are not legal arguments,” he says.

Some fear a scenario in which, after weeks of uncertainty, the time comes for states to name electors to the Electoral College, and Republican legislators try to appoint their own rosters, overruling their state’s voters and forcing courts or Congress to resolve the matter.

“It’s unthinkably undemocratic to hold a popular vote for President and then nullify it if you don’t like the result,” says Adav Noti, chief of staff at the nonpartisan Campaign Legal Center. While the possibility can’t be entirely dismissed given Republicans’ fealty to Trump, judges would likely take a dim view of such an effort, not to mention the political storm that would ensue.

The past few years have convinced many Americans to expect the unlikely, haunted by failures of imagination past. But when it comes to post-election mayhem, people’s imaginations may be getting the better of them.

“But by amplifying it as if it’s realistic, you create a very real problem of people not having faith in the system by which we choose our leaders. And that’s really harmful.”

In its final forecast in 2016, FiveThirtyEight gave Hillary Clinton a 71.4 percent chance of victory. (The digit after the decimal providing an aura of faux precision, as if we could distinguish 71.4 percent from 71.5 percent.) All that figure really said was that Mrs. Clinton had a roughly one-in-three chance of losing, something that did not get across to most people who saw a big number.

What do the unprecedented early voting numbers mean when polls don’t necessarily stop polling those who already voted? How do the early forecasts that run for many months before the election, and so are even more uncertain, affect those who vote early? Will the elderly, at great risk from the pandemic, avoid voting? How will voter suppression play out? Will Republicans end up flocking to the polls on Election Day? These are big unknowns that add great uncertainty to models, especially given the winner-takes-all setup in the Electoral College, where winning a state by as little as one-fourth of 1 percent can deliver all its electoral votes.

When probability models first came on the scene, I was hopeful that they would lessen the horse-race journalism that sometimes exaggerated the uncertainty (because what’s the thrill otherwise?) and the search for narrative turning points (Better than expected debate performance! It’s an underdog comeback!). I had hoped that we would instead get more substantive, policy-oriented coverage. Instead, modeling has been incorporated into the horse-race coverage.

these forecasts aren’t that useful, and may even be harmful if people take them too seriously.

In Pennsylvania, for instance, election officials can't do anything with early ballots until Election Day

The Election Day vote is expected to look better for Trump than the early vote in part because Democrats have encouraged their voters to utilize mail-in, absentee and early voting options.

Trump is betting the votes cast on Election Day will look better for him.

a disproportionate amount of early results will be from day-of votes, likely giving Trump an extra bump.

Democrats have improved their vote totals as more votes were counted. That happened in 2016, when Clinton's popular vote margin grew as more mail-in ballots were counted

If there's a disputed election and a state can't determine who should win its electoral votes, expect a court battle, like the one that made George W. Bush president in 2000.

In this way the US election is really 51 smaller elections. And each state has its own rules.

Nebraska and Maine each award two electoral votes to the statewide winner and the rest of their votes proportionally to the presidential candidate who gets more votes in individual congressional districts

According to CNN's electoral map, there are 125 electoral votes already safely in Trump's column.

Polling suggests he's in the lead in the Rust Belt sates that put Trump over the hump in 2016. He needs to hold the Rust Belt states.

If Trump wins Florida, Georgia, Iowa, North Carolina and Ohio along with Pennsylvania, Maine's second congressional district and Nebraska's second congressional district, both candidates will have 269 electoral votes.

. Trump probably has an edge in a tie since Republicans control more state congressional delegations.

Each state and Washington, DC, all have at least three and as many as 55 votes (that's California).

The real question is whether Republicans can hang onto their slim majority in the Senate.

They're pretty much guaranteed to lose a Senate seat in Alabama, so Democrats are looking for 4-5 seats elsewhere. There are plenty of opportunities.

Control of state governments is more important this year than usual since it's a Census year

Even if Democrats don't win the Texas electoral votes, they're hoping to get a say in how the state draws these districts.

Not because it was going to help Trump win but because it was going to help Trump cope with a loss. The president was not accepting defeat. That meant no Republican with career ambitions could accept it, either.

At a low point in his party’s existence, with much of the GOP’s leadership class pre-writing their own political epitaphs by empowering Trump to lay waste to the country’s foundational democratic norms, an obscure lawyer from west Michigan stood on principle. It proved to be the nail in Trump’s coffin

Shortly after Michigan’s vote to certify, the General Services Administration finally commenced the official transition of power and Trump tweeted out a statement affirming the move “in the best interest of our Country.”

Still, the drama in Lansing raised deeper questions about the health of our political system and the sturdiness of American democracy

Why were Republicans who privately admitted Trump’s legitimate defeat publicly alleging massive fraud? Why did it fall to a little-known figure like Van Langevelde to buffer the country from an unprecedented layer of turmoil?

In conversations with more than two dozen Michigan insiders—elected officials, party elders, consultants, activists—it became apparent how the state’s conditions were ripe for this sort of slow-motion disaster

Michigan is home to Detroit, an overwhelmingly majority Black city, that has always been a favorite punching bag of white Republicans. The state had viral episodes of conflict and human error that were easily manipulated and deliberately misconstrued. It drew special attention from the highest levels of the party, and for the president, it had the potential to settle an important score with his adversary, Democratic Governor Gretchen Whitmer

Perhaps most important, Trump’s allies in Michigan proved to be more career-obsessed, and therefore more servile to his whims, than GOP officials in any other state he has cultivated during his presidency, willing to indulge his conspiratorial fantasies in ways other Republicans weren’t.

“Anybody can sue anybody for any reason. But winning is a whole different matter. And Trump didn’t have a realistic pathway here,” Brian Calley, the former GOP lieutenant governor, told me prior to the certification vote

“We have to see this for what it is. It’s a PR strategy to erode public confidence in a very well-run election to achieve political ends,” Secretary of State Jocelyn Benson, a Democrat, said in an interview last week. “This was not any type of valid legal strategy that had any chance at ultimately succeeding.”

Strangely liberated by his deficit of 154,000 votes, the president’s efforts here were aimed not at overturning the results, but rather at testing voters’ faith in the ballot box and Republicans’ loyalty to him.

where he can ultimately succeed—is in convincing unprecedented numbers of Americans that their votes didn’t count. Last month, Gallup reported that the public’s confidence in our elections being accurate dropped 11 points since the 2018 midterms, which included a 34-point decrease among Republicans.

That was before a daily deluge of dishonest allegations and out-of-context insinuations; before the conservative media’s wall-to-wall coverage of exotic conspiracy theories; before the GOP’s most influential figures winked and nodded at the president of the United States alleging the greatest fraud in U.S. history.

Trump failed to win Michigan. But he succeeded in convincing America that a loss, no matter how conclusive, may never again be conclusive enough.

The irony of Michigan’s electoral meltdown is that Election Day, in the eyes of veteran clerks and poll workers across the state, was the smoothest it had ever been

“You’re talking about election officials implementing new laws, running an election with a 60 percent mail vote, in the middle of a pandemic,”

“In terms of voters getting the ballots processed and counted in a reasonable time period, I thought they did a marvelous job. But it was a huge challenge.”

There’s always this rallying cry from Republicans—‘We win everywhere else, but lose Wayne County’—that creates paranoia. I still remember hearing, back on my first campaign in 2002, that Wayne County always releases its votes last so that Detroit can see how many votes Democrats need to win the state. That’s what a lot of Republicans here believe.”

The Republicans—House Speaker Lee Chatfield and Senate Majority Leader Mike Shirkey—were not interested. Spooked by Trump’s continued assault on mail voting, and aware that their own members in the Legislature were distrustful of the new “no-excuse-absentee” rules, Chatfield and Shirkey weren’t inclined to do the process any favors.

many Republicans didn’t believe the election would be terribly close to begin with

The common expectation was that the president would lose comfortably, by at least 4 or 5 points, a margin that would render any controversy about absentee voting meaningless.

Michigan Republicans were gripped by equal parts euphoria and panic. It was clear Trump was running far more competitively than they’d anticipated; he was on track to win Florida, Ohio and North Carolina, three states that tally their ballots quickly, meaning the spotlight would abruptly shift to the critical, slow-counting battlegrounds of Michigan, Wisconsin and Pennsylvania.

it wasn’t until midnight that the urgency of the situation crashed over Republicans. Trump had built a lead of nearly 300,000 votes on the strength of same-day ballots that were disproportionately favorable to him. Now, with the eyes of the nation—and of the president—fixed on their state, Michigan Republicans scrambled to protect that lead.

Whitmer and Benson warned the GOP leaders that a protracted counting process, especially in the scenario of a competitive election, would invite chaos. Other states Trump carried in 2016, such as Ohio and Florida, allowed for pre-canvassing of absentee and other mail-in ballots so that voters would know which candidate carried the state on election night. Why couldn’t Michigan do the same?

Thomas had been “thrilled” with the professionalism he’d witnessed during Monday’s pre-processing session and Tuesday’s vote tabulating. Now, in the early morning hours of Wednesday, things were going sideways. Groups of Republican poll challengers were clustering around individual counting tables in violation of the rules.

“Reading these affidavits afterward from these Republican poll challengers, I was just amazed at how misunderstood the election process was to them,” Thomas chuckled. “The things they said were going on—it’s like ‘Yeah, that’s exactly what was going on. That’s what’s supposed to happen.’

His cushion over Biden had been whittled down to 70,000 votes. There remained hundreds of thousands of absentee ballots to be counted in the large, Democratic strongholds of Detroit, Lansing and Flint. The math was simply not workable for the president. Just before 9:30 a.m., Biden overtook Trump in the tally of Michigan’s votes—and suddenly, a switch flipped on the right.

After 24 hours of letting the democratic process work, Republicans around the country—watching Trump’s second term slipping through their fingers—began crying foul and screaming conspiracy. No state cornered the hysteria market quite like Michigan.

“The people outside that room were doing exactly what the law says you would eject people for doing—they were disrupting the election,” Thomas said. “Everyone else in the room—the Democratic Party, the Republican Party, the ACLU, the nonpartisans—they all still had a full complement of challengers in the room. And the Republicans, by the way, had far more challengers in the room than they were entitled to.”

Truly egregious was Cox’s dishonesty. At the time of her tweet, several hundred of her party’s poll challengers, attorneys and representatives were already inside the TCF Center monitoring the count

By law, Republicans were allowed to have 134 challengers in the room, one for each tabulation table. In reality, the GOP had far more than that, according to sworn testimony from nonpartisan poll watchers inside the TCF Center. Because of the overflow, election officials ultimately decided to lock down the complex

In the days following Trump’s shameful address to the nation, two realities became inescapable to Michigan’s GOP elite. First, there was zero evidence to substantiate widespread voter fraud. Second, they could not afford to admit it publicly.

What made this behavior all the more confounding, Thomas said, is that the election was conducted more transparently than any he’d ever participated in. Each of the 134 tables had monitors placed at the end, “showing every keystroke that was made,” so that challengers could see exactly what was happening

But he came to realize that none of this mattered. Having dealt with Republican poll challengers for decades, Thomas said, it was clear the people who infiltrated TCF on Wednesday were not adequately trained or there for the right reasons.

“Unlike the people who were there Monday and Tuesday, these people Wednesday were totally unprepared. They had no idea how the system worked. They had no idea what they were there for,” Thomas said. “Many of them—not all of them, but many of them—they were on a mission. They clearly came in believing there was mass cheating going on in Detroit and they were on a mission to catch it.”

When Trump addressed the nation from the White House on Thursday night, insisting the election had been “stolen” from him, he returned time and again to alleged misconduct in Michigan’s biggest city. Detroit, he smirked, “I wouldn’t say has the best reputation for election integrity.” He said the city “had hours of unexplained delay” in counting ballots, and when the late batches arrived, “nobody knew where they came from.” He alleged that Republicans had been “denied access to observe any counting in Detroit” and that the windows had been covered because “they didn’t want anybody seeing the counting.”

All of this was a lie. Republicans here—from Ronna Romney McDaniel to Laura Cox to federal and local lawmakers—knew it was a lie. But they didn’t lift a finger in protest as the president disparaged Michigan and subverted America’s democratic norms. Why?

The true insanity was saved for Detroit. By early afternoon on Wednesday, hundreds and hundreds of Republicans had descended on the TCF Center, responding to an all-hands-on-deck missive that went out from the state party and was disseminated by local officials. Cox, the party chair, tweeted out a video of her comrades standing outside the locked-up downtown building. “Republican poll challengers blocked from entering the TCF Center in Detroit! This is egregious!” she wrote.

Tapped by the president-elect to take over the Republican National Committee—on the not-so-subtle condition that she remove “Romney” from her professional name—McDaniel morphed into an archetype of the Trump-era GOP sycophant. There was no lie too outlandish to parrot, no behavior too unbecoming to justify, no abuse of power too flagrant to enable

Longtime friends worried that McDaniel wasn’t merely humiliating herself publicly; she seemed to be changing in private. She was no longer coolly detached from the passions of politics. If anything, she was turning into a true MAGA believer.

There was some relief, then, when in recent weeks McDaniel told multiple confidants that she doubted there was any scalable voter fraud in Michigan. Nevertheless, McDaniel told friends and fellow Republicans that she needed to stay the course with Trump and his legal team. This wasn’t about indulging him, she said, but rather about demonstrating a willingness to fight—even when the fight couldn’t be won.

McDaniel’s thinking is actually quite linear. The RNC will vote in January on the position of chair. She is anxious to keep her job.

No matter how obvious the outcome—to McDaniel, to the 168 members of the RNC, maybe even to Trump himself—any indication of surrender would be unforgivable.

This is why McDaniel has sanctioned her employees, beginning with top spokesperson Liz Harrington, to spread countless demonstrable falsehoods in the weeks since Election Day. It’s why the RNC, on McDaniel’s watch, tweeted out a video clip of disgraced lawyer Sidney Powell claiming Trump “won in a landslide” (when he lost by more than 6 million votes nationally) and alleging a global conspiracy to rig the election against him.

With Trump entering the anguished twilight of his presidency, all that appears to matter for someone like McDaniel—or Cox, the state party chair, who faces an upcoming election of her own—is unconditional fidelity to the president.

Both Chatfield and Shirkey are talented and ambitious, self-grooming for future runs at higher office. Both could see the obvious problems of meeting with the president at such a precarious moment—and both could also see how spurning Trump could torpedo their careers in the GOP.

“Frankly, continuing to humor him merely excuses his role in this. The election wasn’t stolen, he blew it. Up until the final two weeks, he seemingly did everything possible to lose. Given how close it was, there is no one to blame but Trump.”

“But if they want a future within the party, it is required of them to demonstrate continued fealty. Principled conservatives who respect the rule of law and speak out suddenly find themselves outcasts in a party that is no longer about conservativism but Trumpism. Just ask once-conservative heroes like Jeff Flake, Justin Amash and Mark Sanford.”

Monica Palmer, one of the GOP canvassers, caused an uproar when she offered to certify the rest of Wayne County—precincts like Livonia—without certifying Detroit. (Livonia, which is 95 percent white, had more poll-book irregularities than Detroit, which is 80 percent Black.)

Tweeting out siren emojis, Jenna Ellis, the attorney for Trump’s campaign, announced: “BREAKING: This evening, the county board of canvassers in Wayne County, MI refused to certify the election results. If the state board follows suit, the Republican state legislator will select the electors. Huge win for @realDonaldTrump.”

the notion that legislators would under any circumstance be free to send their own partisans to the Electoral College had no basis in fact. Under Michigan statute, the only electors eligible to represent Michigan are those who will vote for the winner of the popular vote. There is no discretion for anyone—the governor, leaders of the legislature, canvassers at the county or state level—to do anything but follow the law.

“The unfortunate reality within the party today is that Trump retains a hold that is forcing party leaders to continue down the path of executing his fantasy of overturning the outcome—at their own expense,”

precautions were taken. In a savvy move, Chatfield and Shirkey prepared a letter addressing concerns over funding to deal with Covid-19 in Michigan. They also brought along their general counsels. These two maneuvers—one to soothe the outcry over Michigan lawmakers meeting with a president whose legal team was calling for them to overturn the state’s election results; the other to insulate them from improper discussions about doing exactly that—were sufficient to sidestep any major crisis.

Trump, perhaps sensing the nervous reticence of his guests, did not make the ask they feared. As the meeting went on, it became apparent to some people in the room that more than anything, Trump had called his Michigan allies to Washington to get an honest assessment of what had happened there. He wanted to know if there was any pathway to victory. They told him there was not.

“I don’t get it,” the president said, venting confusion and frustration. “All these other Republicans, all over the country, they all win their races. And I’m the only guy that loses?”

With all 83 counties boasting certified results, the only thing that stood between Joe Biden and his rightful claim to Michigan’s 16 electoral votes was certification from the state board of canvassers. In a rational political climate, this would not have been the subject of suspense. But the swirling innuendo and disinformation had long ago swept away any semblance of normalcy.

Already, one of the board’s two Republicans, Norm Shinkle, a career party fixture, had hinted he would not vote to certify the state’s result. Because the two Democrats would obviously vote in favor of certification, a manic gush of attention turned to the other Republican member, Aaron Van Langevelde.

By Sunday morning, speculation was rampant that Van Langevelde would resign from the board on Monday. This made perfect sense to Republicans and Democrats alike: Based on their fact-finding mission into the mysterious fourth board member, Van Langevelde was a bookish type, a rule follower, an obsessive student of world history (particularly the Roman Empire) who believes to his core in a conservative application of the law

He would be inclined, Lansing insiders figured, to vote in favor of certifying the results. But he would be disinclined to throw away his future in the Republican Party. A resignation from the board was his only way out.

Working off this expectation, a late lobbying blitz turned on Shinkle. In the 36 hours preceding Monday’s vote, he was inundated with calls and emails and text messages from high-ranking Republican luminaries around the state. Some, such as former congressman and House Intelligence Chair Mike Rogers, urged him to certify the results in accordance with Michigan law. Others, including McDaniel and Cox and other state party figures, pleaded with Shinkle to stand his ground and insist on a two-week delay.

The response they got was universal: He would promise to “do my best,” then he would offer a litany of unsubstantiated allegations of fraud. (Not everyone bothered contacting Shinkle: That his wife served as a plaintiff’s witness in Trump’s ill-fated lawsuit against Detroit struck many people not just as a conflict of interest, but as a clear indication he would never vote to certify.)

Some Republicans didn’t want to believe it. But for others, reality began to set in. They had grown so accustomed to Republicans falling in line, bending a knee to Trumpism, that the notion of someone acting on his own personal ethic had become foreign.

But the more they learned about Van Langevelde, the more he sounded like just that type of independent thinker. Some viewed his relative youth as an asset, believing he wouldn’t risk throwing away his future in the party. What they had failed to appreciate was that young conservatives were oftentimes the most disillusioned with the party’s drift from any intellectual or philosophical mooring.

Like a good attorney, Van Langevelde meticulously questioned a number of expert guest speakers to ascertain if they had dissenting views of the board’s authority under state law. Time and again, they affirmed his position. The body did not have power to audit or investigate or recount; that could be done only by distinct bodies after certification was complete. The job of the board of state canvassers was narrowly to examine the certified results from all 83 counties and then, based on the relevant vote totals, certify a winner of Michigan’s 16 electoral votes. The one time he was challenged—by Spies, the political superlawyer representing John James’ U.S. Senate campaign—Van Langevelde calmly brushed his recommendations aside, telling Spies, “I’m going to have to respectfully disagree with you on that.”

Within minutes of Van Langevelde’s vote for certification—and of Shinkle’s abstention, which guaranteed his colleague would bear the brunt of the party’s fury alone—the fires of retaliation raged. In GOP circles, there were immediate calls for Van Langevelde to lose his seat on the board; to lose his job in the House of Representatives; to be censured on the floor of the Legislature and exiled from the party forever. Actionable threats against him and his family began to be reported. The Michigan State Police worked with local law enforcement to arrange a security detail.

ll for doing his job. All for upholding the rule of law. All for following his conscience and defying the wishes of Donald Trump.

“It took a lot of courage for him to do what he thought was right and appropriate, given the amount of pressure he was under,” said Brian Calley, the GOP former lieutenant governor, who told me days earlier that he had never heard the name Aaron Van Langevelde. “He carried himself as well as anybody I’ve seen in that type of setting, including people with decades and decades of experience. He showed an awful lot of poise.”

The name Van Langevelde is already so infamous in Michigan Republican lore that those associated with him are at risk of being branded turncoats, too.

because of the sweeping transformation of the party—not just ideologically or stylistically, but mechanically, with MAGA loyalists now installed in state and local leadership posts across the country—the question of loyalty will continue to define the Republican identity for years to come.

That contours of that identity—what it means to be a Trump Republican—have gained clarity over time. The default embrace of nationalism. The indifference to ideas as a vision for governing. The disregard for institutional norms. The aversion to etiquette and the bottomless appetite for cultural conflict. Now there is another cornerstone of that identity: The subversion of our basic democratic process.

More than any policy enacted or court vacancy filled, Trump’s legacy will be his unprecedented assault on the legitimacy of the ballot box

Future iterations of the GOP will make casual insinuations of voter fraud central to the party’s brand. The next generation of Republicans will have learned how to sow doubts about election integrity in one breath and in the next breath bemoan the nation’s lack of faith in our elections, creating a self-perpetuating justification to cast suspicion on a process that by raw numbers does not appear conducive to keeping them in power.

“This is not some whacked-out fringe,” James said in one taping. “When half the votes in our state believe we just had the most secure election in U.S. history, and the other half believe they were cheated, we have a problem.”

James is right. We do have a problem. Our elections continue to be underfunded. Our election bureaus are chronically understaffed. Our election workers are badly undertrained. Our elections are prone to a significant amount of human error—and any municipal or county clerk will tell you that concerns over not catching those errors keep them up at night.

But errors are not fraud. And when James says he’s troubled that half of Michigan’s voters feel they were cheated, he would do well to remember that he was the one telling them they got cheated in the first place.

there is no denying the advent of a pattern. Republicans in Michigan and across America have spent the past three weeks promoting baseless allegations of corruption at the ballot box, the rabid responses to which they use as justification to continue to question the fundamental integrity of our elections. It’s a vicious new playbook—one designed to stroke egos and rationalize defeats, but with unintended consequences that could spell the unraveling of America’s democratic experiment.

“By capriciously throwing around these false claims, you can’t get to the heart of a really important issue. In fact, you lose any credibility to get to the heart of that issue,”

“And by the way, if you’re going to do an audit, you’d better do it statewide. This is not just a Detroit thing. There are sloppy Republican precincts all over the state.

There is no immediate way to make Americans appreciate this distinction, no instant cure for the flagging confidence in our elections.

there are obvious incremental steps to take in the name of transparency and efficiency. First among them, acknowledged Chatfield, the Michigan House speaker, is getting rid of the rules that led to the TCF Center circus in the first place.

one of the items where we should look at other states and see how they’ve done it well, is regarding the early processing of absentee ballots. We mishandled that this year. We should have allowed for early processing. We didn’t, and it became a spectacle.

For those Republicans left to pick up the pieces in the coming legislative session, there may be little incentive for bipartisan cooperation on a subject that now divides the two party bases as starkly as gun rights or tax rates. The backlash against absentee voting from Republican constituents was already fierce; in the wake of Trump’s defeat and the TCF Center conspiracies, Republicans might find it beneficial to avoid raising the issue at all.

There is little cause for optimism. If the majority of GOP politicians couldn’t be bothered to do the easy work of debunking crackpot conspiracy theories, how likely are they to do the hard work of hardening our democracy?

“A lot of our leaders in this country ought to be ashamed of themselves,” said Thomas, the nonpartisan elections guru who kept Michigan’s governing class guessing his political affiliation for the past several decades. “They have propagated this narrative of massive fraud, and it’s simply not true. They’ve leapt from some human error to massive fraud. It’s like a leap to Never Neverland. And people are believing them.

“The people of this country really need to wake up and start thinking for themselves and looking for facts—not conspiracy theories being peddled by people who are supposed to be responsible leaders, but facts,” Thomas said. “If they’re not going to be responsible leaders, people need to seek out the truth for themselves. If people don’t do that—if they no longer trust how we elect the president of the United States—we’re going to be in real trouble.”

the answer was no, but perhaps only because so many people said so.

The Republican members, William Hartmann and Monica Palmer, said they were concerned about small discrepancies between the number of votes cast in some precincts and the number of people precinct officials recorded as having voted.

After intense backlash, both from election watchdogs and from voters whom Representatives Debbie Dingell and Rashida Tlaib organized to call in to the canvassing board’s meeting, Mr. Hartmann and Ms. Palmer voted to certify the results after all.

Is this sort of dispute normal?In a word, no.

This is basically an accounting task. If the canvassers find possible errors, it is their job to look into and resolve them, but refusing to certify results based on minor discrepancies is not normal.

The Trump campaign has filed a slew of legal challenges in Michigan and other states, but the courts have repeatedly rejected its arguments.

It is also highly abnormal to suggest, as Ms. Palmer did, that canvassers certify the results in one place but not another when there is no meaningful difference between the two in terms of the number or severity of discrepancies.

Before the deadlock was resolved, Ms. Palmer had proposed certifying the results in “the communities other than the city of Detroit.” As Democrats and election law experts noted, nearly 80 percent of Detroit residents are Black

“It’s hard to ignore the potentially racially motivated actions of at least one of the canvassers,” Kristen Clarke, president and executive director of the Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, said in an interview shortly before the board’s reversal, adding that her group was exploring “all legal avenues” if Republicans continued to disrupt the certification process.

Section 168.822 of Michigan’s election laws says that if a county board fails to certify results, the state board “shall meet immediately and make the necessary determinations and certify the results” within 10 days.

Under federal law, election experts say, a state legislature could potentially step in and appoint electors in a disputed presidential election.

First, the election is not legitimately disputed. Mr. Biden won multiple battleground states by clear margins.

it is extremely rare for members to decline to certify an election that their party lost.

Second, even if Republican state legislators appointed a pro-Trump slate, a Democratic governor could step in and appoint a pro-Biden slate.

The Republican leader of the Michigan Senate has said that the Legislature will not name its own electors.

Several election lawyers said last week that federal law would favor the slate appointed by the governor, including if Congress deadlocked. Congress could also, in theory, toss out Michigan’s electoral votes altogether.

If Congress did that, or if it chose the Republican slate against the will of a state’s voters, the country would be in constitutional crisis territory.

Regardless of the outcome, the fact that the Trump campaign and other Republicans have managed to inject so much chaos into what should be formalities shows how much disruption is possible in the systems that undergird the democratic process.

In other words: The system wasn’t designed for this.

A lesson of the Trump era has been that much of American democracy is built not on laws but on norms, which persist by common consent. The episode in Michigan is an example of what can happen when the consent stops being common.

Mr. Biden expressed optimism about how Republicans would respond to him as president, and said he had already heard from seven Republican senators “saying they want to work with me.”

A small group of Republican senators had congratulated Mr. Biden almost immediately in November. But a majority had gone to great rhetorical lengths to avoid enraging a president who could turn their own voters against them — even as they privately conceded he had lost.

a sign of a growing rift within the party between those willing to accept reality and those — a loyal core in the Senate and the vast majority in the House — who appear ready to follow him wherever he leads.

But the effect has been that the most powerful Republican on Capitol Hill has, by intention or inaction, left unchecked insidious claims by Mr. Trump and those backing him undermining faith in the democratic process and Mr. Biden’s legitimacy as president.

“I think he is president-elect, subject to whatever additional litigation is ongoing,” said Senator John Cornyn of Texas, the former second-ranking Republican

“The presidential election is over,” said Senator Lamar Alexander of Tennessee, a close ally of Mr. McConnell’s. “States have certified the votes. Courts have resolved disputes. The electors have voted. I hope that President Trump will put the country first.”

“It is unacceptable for political candidates to treat our election system as though we are a third-world nation and incite distrust of something so basic as the sanctity of our vote,”

If Clinton wins the 19 states (and D.C.) that every Democratic nominee has won from 1992 to 2012, she has 242 electoral votes. Add Florida's 29 and you get 271. Game over.

There are 13 states that have gone for the GOP presidential nominee in each of the last six elections. But they only total 102 electorate votes

Many Republicans — particularly in Washington — are already preparing to blame a loss this fall, which many of them view as inevitable, on the divisiveness of Trump. That's not entirely fair to Trump, though.

Instead they are, largely, demographic problems centered on the GOP's inability to win any large swath of nonwhite voters. New Mexico, a state in which almost half the population is Latino, is the ur-example here.

What has become increasingly clear is that any state with a large or growing nonwhite population has become more and more difficult for Republicans to win. Virginia and North Carolina, long Republican strongholds, have moved closer and closer to Democrats of late.

At the same time as these states have grown friendlier to Democrats, there are very few states that are growing increasingly Republican. Wisconsin and Minnesota are two, but neither is moving rapidly in Republicans' favor just yet.

Yes, Trump as the nominee is more problematic than Ryan as the nominee, but the idea that Ryan would start the general election with a coin-flip chance of being elected president is just wrong.

The Republican map problem goes deeper than Trump — or any one candidate. Blaming Trump for a loss this November not only misses the point but could ensure that Republicans are doomed to repeat history in 2020.

Throughout, he was enabled by influential Republicans motivated by ambition, fear or a misplaced belief that he would not go too far.

For every lawyer on Mr. Trump’s team who quietly pulled back, there was one ready to push forward with propagandistic suits that skated the lines of legal ethics and reason

That included not only Mr. Giuliani and lawyers like Sidney Powell and Lin Wood, but also the vast majority of Republican attorneys general, whose dead-on-arrival Supreme Court lawsuit seeking to discount 20 million votes was secretly drafted by lawyers close to the White House, The Times found.

With each passing day the lie grew, finally managing to do what the political process and the courts would not: upend the peaceful transfer of power that for 224 years had been the bedrock of American democracy.

The vote-stealing theory got its first exposure beyond the web the day before the election on Mr. Bannon’s show. Because of the Hammer, Mr. McInerney said, “it’s going to look good for President Trump, but they’re going to change it.” The Democrats, he alleged, were seeking to use the system to install Mr. Biden and bring the country to “a totalitarian state.”

with the White House counsel, Pat A. Cipollone, backing him, Mr. Barr told the president that he could not manufacture evidence and that his department would have no role in challenging states’ results, said a former senior official with knowledge about the meeting, a version of which was first reported by Axios. The allegations about manipulated voting machines were ridiculously false, he added; the lawyers propagating them, led by Mr. Giuliani, were “clowns.”

Yet as the suits failed in court after court across the country, leaving Mr. Trump without credible options to reverse his loss before the Electoral College vote on Dec. 14, Mr. Giuliani and his allies were developing a new legal theory — that in crucial swing states, there was enough fraud, and there were enough inappropriate election-rule changes, to render their entire popular votes invalid.

As a result, the theory went, those states’ Republican-controlled legislatures would be within their constitutional rights to send slates of their choosing to the Electoral College.

Yet as the draft circulated among Republican attorneys general, several of their senior staff lawyers raised red flags. How could one state ask the Supreme Court to nullify another’s election results? Didn’t the Republican attorneys general consider themselves devoted federalists, champions of the way the Constitution delegates many powers — including crafting election laws — to each state, not the federal government?

In an interview, Mr. Kobach explained his group’s reasoning: The states that held illegitimate elections (which happened to be won by Mr. Biden) were violating the rights of voters in states that didn’t (which happened to be won by Mr. Trump).

The lawsuit was audacious in its scope. It claimed that, without their legislatures’ approval, Georgia, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin had made unconstitutional last-minute election-law changes, helping create the conditions for widespread fraud. Citing a litany of convoluted and speculative allegations — including one involving Dominion voting machines — it asked the court to shift the selection of their Electoral College delegates to their legislatures, effectively nullifying 20 million votes.

One lawyer knowledgeable about the planning, speaking on the condition of anonymity, said: “There was no plausible chance the court will take this up. It was really disgraceful to put this in front of justices of the Supreme Court.”

The next day, Dec. 9, Representative Mike Johnson of Louisiana sent an email to his colleagues with the subject line, “Time-sensitive request from President Trump.” The congressman was putting together an amicus brief in support of the Texas suit; Mr. Trump, he wrote, “specifically asked me to contact all Republican Members of the House and Senate today and request that all join.” The president, he noted, was keeping score: “He said he will be anxiously awaiting the final list to review.”

Some 126 Republican House members, including the caucus leader, Mr. McCarthy, signed on to the brief, which was followed by a separate brief from the president himself. “This is the big one. Our Country needs a victory!” Mr. Trump tweeted. Privately, he asked Senator Ted Cruz of Texas to argue the case.

By the time the bus pulled into West Monroe, La., for a New Year’s Day stop to urge Senator John Kennedy to object to certification, Mr. Trump was making it clear to his followers that a rally at the Ellipse in Washington on Jan. 6 was part of his plan. On Twitter, he promoted the event five times that day alone.

But talk at the rally was tilting toward what to do if they didn’t.“We need our president to be confirmed through the states on the 6th,” said Couy Griffin, the founder of Cowboys for Trump. “And right after that, we’re going to have to declare martial law.”

Though Ms. Kremer held the permit, the rally would now effectively become a White House production. After 12,000 miles of drumbeating through 44 stops in more than 20 states, they would be handing over their movement to the man whose grip on power it had been devised to maintain.

Mr. Barr had resigned in December. But behind the back of the acting attorney general, Jeffrey A. Rosen, the president was plotting with the Justice Department’s acting civil division chief, Jeffrey Clark, and a Pennsylvania congressman named Scott Perry to pressure Georgia to invalidate its results, investigate Dominion and bring a new Supreme Court case challenging the entire election. The scheming came to an abrupt halt when Mr. Rosen, who would have been fired under the plan, assured the president that top department officials would resign en masse.

But Mr. Cruz was working at cross-purposes, trying to conscript others to sign a letter laying out his circular logic: Because polling showed that Republicans’ “unprecedented allegations” of fraud had convinced two-thirds of their party that Mr. Biden had stolen the election, it was incumbent on Congress to at least delay certification and order a 10-day audit in the “disputed states.” Mr. Cruz, joined by 10 other objectors, released the letter on the Saturday after New Year’s.

The rally had taken on new branding, the March to Save America, and other groups were joining in, among them the Republican Attorneys General Association. Its policy wing, the Rule of Law Defense Fund, promoted the event in a robocall that said, “We will march to the Capitol building and call on Congress to stop the steal,” according to a recording obtained by the progressive investigative group Documented.

Mr. Stockton said he was surprised to learn on the day of the rally that it would now include a march from the Ellipse to the Capitol. Before the White House became involved, he said, the plan had been to stay at the Ellipse until the counting of state electoral slates was completed.

Defiantly, to a great roar from the plaza, Ms. Chafian cried, “I stand with the Proud Boys, because I’m tired of the lies,” and she praised other militant nationalist groups in the crowd, including the Oath Keepers and the Three Percenters.

Speakers including Mr. Byrne, Mr. Flynn, Mr. Jones, Mr. Stone and the Tennessee pastor Mr. Locke spoke of Dominion machines switching votes and Biden ballots “falling from the sky,” of “enemies at the gate” and Washington’s troops on the Delaware in 1776, of a fight between “good and evil.”“Take it back,” the crowd chanted. “Stop the steal.”

“What we do now is we take note of the people who betrayed President Trump in Congress and we get them out of Congress,” he said. “We’re going to make the Tea Party look tiny in comparison.”

They were joined by Sens.-elect Cynthia Lummis of Wyoming, Roger Marshall of Kansas, Bill Hagerty of Tennessee and Tommy Tuberville of Alabama.

"Accordingly, we intend to vote on January 6 to reject the electors from disputed states as not 'regularly given' and 'lawfully certified' (the statutory requisite), unless and until that emergency 10-day audit is completed," the statement goes on to say.

President Trump and his legal team have targeted several states, including Wisconsin and Pennsylvania, in their attempts to overturn the election. But their legal efforts all failed because they couldn't provide clear evidence of fraud or misconduct in the 2020 election.

Brooks has said that more than 30 members of Congress plan to challenge the results.

None of the lawmakers has provided evidence to back up their concerns.

"The courts and state legislatures have all honored their duty to hear legal allegations and have found nothing to warrant overturning the results," Murkowski said.

And on Saturday evening, Sen. Mitt Romney of Utah harshly condemned the effort of fellow Republicans, calling it an "egregious ploy" that "dangerously threatens our Democratic Republic."

“Whatever votes sent from the state are accepted by the joint session.”

The House has been conducting business through proxy voting, in which one lawmaker may ask a lawmaker who is physically present to vote on his or her behalf. If the organizing resolution for the new Congress permits proxy voting, then members may vote by proxy.

Rep. Mo Brooks (R., Ala.) has said that he plans to challenge the results from several states, with the vote tallies in Nevada, Georgia and Pennsylvania of most concern. He has said that Republicans numbering “in the double digits” are joining the effort.

LinkedIn

On Saturday, 11 current and incoming Republican senators said they would vote to reject on Wednesday the Electoral College votes of some states as not “lawfully certified” unless Congress appoints a commission to conduct an emergency, 10-day audit of the election results.

But the Republican senators didn’t say which states they had in mind or assert that they would mount their own objections in writing.

If Mr. Pence faces objections to any state’s votes, it likely will be his job to stop debate if an objection draws only support from one chamber of Congress—falling short of the requirement that at least one House lawmaker and one senator sign on. As president of the Senate, Mr. Pence in theory also could break any ties should the Senate need to vote. There is no precedent that limits the ability of the vice president to break a tie, according to Ms. Binder.

"Should TV networks show the proceedings live when the GOP objectors are boldly lying?" asked CNN Chief Media Correspondent Brian Stelter. Should they call it a "coup?""I've been using that word for months now," historian and author Timothy Snyder told Stelter on "Reliable Sources" Sunday.

The Republican effort to contest the presidential election results on the Senate floor this week is raising questions about how media outlets should cover the moment, and whether the Trump-supported action should be called an attempted "coup."

"Is it accurate to call this a coup attempt? ... Is President Trump betraying his oath of office? Are the lawmakers supporting him seditious? These words matter a lot right now," Stelter said at the start of his show.

A whopping 83% of Fox News viewers say Biden was not elected legitimately, according to a new Suffolk University/USA TODAY poll, but Snyder said that "unlike previous elections, we actually did have an election in 2020 that people around the world could admire."

Before Election Day, right-wing media outlets said "Trump would win and he would only lose if it was rigged," Stelter said. In the "MAGA bubble," the only people you hear from are "Trump supporters and experts who sound very smart," he added.

Vice President Mike Pence -- who has sought to keep a safe distance from the more inflammatory claims and behavior of fellow Republicans while subtly egging them on when it suits him -- has also welcomed congressional Republicans' challenge

"All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Because we won the state."

"There's nothing wrong with saying, you know, um, that you've recalculated," Trump told Georgia Secretary of State Brad Raffensperger

The announcement Saturday from Republican senators and senators-elect cut deeper and, framed in a maddening circular logic, argued that Congress should commission an "emergency 10-day audit" of results from "disputed states" because of the volume of "allegations of voter fraud, violations and lax enforcement of election law, and other voting irregularities."

The group's citation of a poll that underscores voters' distrust in the election process ignores Trump's role in ginning up an increasingly paranoiac strain of conservatism

The process in his state, which the President won, had met a "high bar," he insisted, before suggesting that other states had a responsibility to "restore" the confidence that the leaders of his own party had spent so much time trying to break.

Notably, none of the officials who signed the Saturday statement, nor any of what could be as many as 140 allies in the House, have suggested that the election fraud that so concerns them might have also affected their own races.

Trump again attacked Raffensperger Sunday morning, before their phone call became public, complaining in a tweet that the Georgia Republican had not turned up evidence of nonexistent voter fraud.

Trump has called on Georgia Gov. Brian Kemp, also a Republican, to resign after repeated recounts of the presidential vote there confirmed Biden's narrow win.

Kemp is one of a handful of Republicans to speak out against Trump's behavior. Pennsylvania Sen. Pat Toomey, who is retiring in 2022, has also been critical of his GOP colleagues' rhetoric and, on Saturday, responded to the new announcement with a sharp rebuke of the senators involved.

Biden's success in Pennsylvania, Toomey concluded, said little about the election process and could be "easily explained by the decline in suburban support for President Trump and the President's slightly smaller victory margins in most rural counties."

The vice president, through Justice Department lawyers, pushed back against a lawsuit filed by Texas Rep. Louie Gohmert and Arizona Republicans that sought to give Pence the power to effectively dump the electoral college results and hand reelection to Trump. The suit was dismissed, for a lack of standing, by a federal judge on Friday night.

"Vice President Pence shares the concerns of millions of Americans about voter fraud and irregularities in the last election," Pence chief of staff Marc Short said in a statement. "The Vice President welcomes the efforts of members of the House and Senate to use the authority they have under the law to raise objections and bring forward evidence before the Congress and the American people on January 6th."

"They could not and would not give credence to what they know is not true," Biden said. "They knew this election was overseen, it was honest, it was free and it was fair. They saw it with their own eyes, and they wouldn't be bullied into saying anything different."

Sen. Bernie Sanders, a Vermont independent who caucuses with the Democrats and was Biden's toughest competition in the 2020 party primary, called the effort "pathetic" and its aims "unconstitutional."

"What all of this comes down to is that Donald Trump and right wing extremists are refusing to accept the will of the people and the fact that Trump lost the election," Sanders said in a statement. "In their contempt for democracy, they are using lies and conspiracy theories about 'voter fraud' in an attempt to overturn the election results."